En 1760 el señor de Aielo, Salvador Roca Pertusa Malferit y Milán de Aragón, continuaba beneficiándose de un régimen feudal que, en un entorno en constante crecimiento y con excelentes cosechas, mantenía a sus vasallos sujetos a unas normas que ya eran consideradas anacrónicas en gran parte de España. Recordemos que el marqués era el único propietario de la almazara, el molino, la taberna, las tiendas… era en definitiva un lastre para el desarrollo individual y la iniciativa personal.
Los ánimos andaban revueltos en 1792 –en Francia estaban en plena Revolución– y el 25 de noviembre, a la salida de misa, se reunieron 281 aielenses en la plaza de l’Hostal (actual de Sant Engraci). En presencia de tres abogados de Valencia y el corregidor real de Ontinyent, expusieron sus demandas. Éstas fueron aprobadas por unanimidad y llevadas a la Real Audiencia de Valencia. Los juzgados aprobaron el acta el 6 de diciembre y elevaron el contencioso al Consejo de Castilla.
En 1798 se produce la sentencia, desfavorable a los vasallos, lo que incrementó la tensión. Tras una asamblea, llevaron una segunda denuncia al Consejo de Castilla en marzo de 1801.
La brillante intervención de Pedro Aparici Ortiz en las Cortes de Cádiz favoreció la aprobación del decreto de disolución general de los señoríos españoles, incluida lógicamente la baronía de Aielo y Cairent.
En 1813 el alcalde de Aielo, Tadeo Castelló Alonso, inició un proceso contra el marqués acusándolo de “afrancesado”. La ocupación del trono por Fernando VII acabó con todas las aspiraciones liberales que fueron sustituidas por el absolutismo monárquico.
En este nuevo ambiente político el marqués consiguió no sólo salir indemne de las acusaciones, sino acabar con la carrera de Tadeo que fue destituido y condenado a no poder ejercer cargo público.
Y por supuesto, el marqués recuperó todos sus privilegios sobre sus –de nuevo– vasallos.
La subida al trono de la reina niña, Isabel II, tutelada por su madre María Cristina, inicia un periodo de importantes reformas entre las que destaca una nueva organización territorial por la desaparición de los señoríos.
En 1837, la regente María Cristina firma un decreto por el que son disueltos definitivamente los señoríos territoriales, entre ellos la baronía de Aielo y Cairent.
“…a virtud de la renuncia de dicho marqués, se declara el pueblo de Ayelo de Malferit y su término restituidos a la clase de libres, al igual que los demás llamados de realengo, y a sus vecinos y terratenientes, exentos para siempre del pago de prestaciones, censos, luismos, rentas, etc…”
Por su duración y complejidad, por sus recursos y dilaciones judiciales, el proceso de emancipación de los vasallos de Aielo, su conversión en propietarios de pleno derecho, fue y es un caso paradigmático de estudio para estudiosos de la jurisprudencia e historiadores sociales.
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